El respaldo institucional y académico a su nueva publicación reabre el debate sobre la objetividad, la ética investigadora y los límites de la memoria histórica.
¿Investigación o relato interesado?
El pasado domingo 23 de marzo de 2025, el catedrático de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá, anunció la publicación de Perder la guerra y la historia, segundo volumen de su trilogía dedicada a la represión contra periodistas y escritores durante la posguerra española (1939-1945). La obra, publicada por la Universidad de Alicante, se presenta como una contribución al campo de la memoria histórica, aunque no está exenta de controversia.
Ríos Carratalá afirma haber concluido ya el tercer volumen de la trilogía, aún pendiente de los informes necesarios para su publicación. En él se incluye un capítulo especialmente llamativo: La trayectoria del alférez Baena Tocón, un personaje al que el autor ha dedicado numerosas referencias, artículos y entrevistas, más incluso que a muchos de los escritores que analiza. El propio catedrático ha señalado que su interés en este personaje aumentó tras sentirse cuestionado por el hijo del mencionado alférez, quien puso en duda el rigor académico de sus afirmaciones.
Este tipo de declaraciones han generado inquietud sobre los límites entre la investigación académica y lo que podría interpretarse como una respuesta personal encubierta en una obra de apariencia científica. En un contexto donde el debate sobre la memoria histórica está especialmente vivo, surgen interrogantes fundamentales sobre el papel del investigador, la veracidad de sus fuentes y la objetividad en sus juicios.
Una de las cuestiones más preocupantes es el respaldo incondicional que el catedrático asegura haber recibido: “unos quinientos mensajes de solidaridad de colegas universitarios”. A la luz de esto, resulta imprescindible plantear una serie de preguntas que merecen atención pública y que, hasta el momento, han sido ignoradas por muchos de los que lo apoyan:
Preguntas que merecen respuesta:
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¿Están verdaderamente informados quienes han respaldado esta causa académica o se han sumado sin conocer en profundidad el origen del conflicto?
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¿Han leído íntegramente Nos vemos en Chicote, en especial los fragmentos que aluden a Antonio Luis Baena Tocón, o han emitido juicios sin un conocimiento cabal de su contenido?
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Si conocen dichas páginas, ¿consideran que la imagen proyectada del alférez es objetiva y sustentada en pruebas documentales, o responde más bien a una interpretación ideologizada?
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¿Han verificado las afirmaciones del autor a través del contraste riguroso con documentación primaria, como exige la práctica historiográfica, o han concedido validez a sus tesis por el mero hecho de tratarse de un colega universitario?
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¿No estamos ante un claro ejemplo de corporativismo académico que anula el debate crítico y promueve la adhesión automática?
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¿Dónde queda el respeto a las resoluciones judiciales cuando se insiste en narrativas que colisionan frontalmente con los documentos legales?
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¿Acaso protestar ante falsedades evidentes constituye un ataque a la libertad de expresión, o más bien una legítima defensa de la verdad histórica?
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¿Exigir rigor y respeto a los hechos equivale a querer reescribir la Historia, borrar documentos o censurar la investigación, o es precisamente lo contrario?
En alguna publicación anterior, el catedrático había anunciado un capítulo sobre Joaquín Dicenta Alonso, uno de los casos que, según él, estuvo vinculado a Baena Tocón. Sin embargo, una revisión del sumario judicial revela que este último no aparece citado ni en fase de instrucción. Este tipo de errores o manipulaciones no pueden ser pasados por alto sin poner en cuestión la fiabilidad de todo el trabajo.
A pesar de estas inconsistencias, la obra “Nos vemos en Chicote”, por ejemplo, ha superado los filtros editoriales universitarios (ahora lo está intentando con el tercer volumen de la Trilogía) lo que abre otro debate: ¿cuán exigentes son los criterios de revisión para investigaciones de este tipo? En textos como Nos vemos en Chicote, se multiplican los nombres y referencias extraídas de documentos que pocos contrastan por la dificultad que ello implica. Esto plantea un serio problema para la memoria histórica, especialmente si la metodología responde más a una intención ideológica que a un ejercicio honesto de reconstrucción de los hechos.
El próximo otoño, el profesor Ríos Carratalá participará en una sesión organizada por el Parlamento Europeo, donde, según ha anticipado, hablará de su labor investigadora y de las dificultades que ha enfrentado. Sin embargo, más allá del relato de victimización, cabe exigir explicaciones claras sobre los errores documentales detectados, las menciones no sustentadas y el uso reiterado de ciertos personajes (políticos, colegas, etc.), como vehículo de reivindicaciones personales.
El prestigio académico no puede estar por encima del compromiso con la verdad. Las relaciones con colegas, figuras públicas o cargos institucionales no son argumento suficiente para silenciar preguntas legítimas. La Historia no se construye sobre aplausos, sino sobre hechos probados y análisis objetivos.
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